Marco Legal

  La UE lleva casi dos décadas instando a sus miembros a incluir criterios éticos en sus contrataciones públicas. La Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)] señala que se:

22. “Insta a las autoridades públicas a que integren criterios de Comercio Justo en sus concursos públicos y políticas de compra”.

23.“Recuerda que las autoridades públicas regionales son las que realizan mayores inversiones en el mercado de productos; en consecuencia les pide que en sus pliegos de condiciones, concedan especial consideración a los productos de Comercio Justo”.

24.“Acoge positivamente los esfuerzos crecientes del Parlamento Europeo para ofrecer productos de Comercio Justo y destaca que todas las instituciones europeas deberían utilizar productos de Comercio Justo en sus servicios internos”.

Gracias a que la contratación del Sector Público ha tenido carácter capital en la jurisdicción europea y a las diferentes directivas que se han aprobado a lo largo de los años y que son de aplicación obligatoria en todos los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, como la directiva 2014/24 que nos ocupa, la normativa de los estados de la unión sobre contratación se encuentra bastante armonizada.

El texto de la Directiva 2014/24 permite utilizar la contratación pública como una estrategia para promover los objetivos que cada país establece y anima a los Estados a sacarle el máximo partido, contratando para alcanzar un crecimiento integrador, en el que estén incluidas las pymes y las empresas de la economía social, usando soluciones sostenibles y eficientes con los recursos.

Esta directiva, además, refuerza la necesidad de ejercer una compra pública ética, estableciendo rotundamente que las Administraciones Públicas pueden priorizar los aspectos sociales en sus licitaciones. La norma establece refuerzos en la contratación pública responsable, ampliando los horizontes de actuación y definiendo claramente criterios que deben ser adaptados por todos los países. En su articulado se refiere de forma expresa a un comercio equitativo, incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores.

Aprobada por la preceptiva obligación de transponer la Directiva 2014/24/UE a la que nos acabamos de referir, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) da un evidente impulso a la contratación pública responsable, cuya esencia se articula a lo largo del texto con numerosas referencias a criterios sociales, ambientales y de comercio justo en las diferentes fases del procedimiento de contratación pública. Es, por tanto, una herramienta para hacer coherentes las políticas públicas con el desarrollo sostenible, ya que obliga a que los poderes públicos orienten toda su gestión, los recursos y los procesos que tienen bajo su control, se encaminen a la consecución de las políticas y prioridades nacionales.

La LCSP incorpora de manera transversal la obligación de incluir criterios sociales, éticos y medioambientales a la hora de preparar y ejecutar los contratos públicos, así como de seleccionar a las empresas licitadoras y contratistas. La lógica es obvia: hay que incrementar la eficiencia del gasto público y no es legítimo ni razonable entregar parte de los presupuestos públicos que no respetan los derechos de las personas trabajadoras, que practican la discriminación de género o que contaminan. Por tanto, las administraciones públicas deben usar sus contratos como eficaces instrumentos cuyos beneficios repercutan en el conjunto de la sociedad, logrando efectos que vayan más allá de la prestación puntual de un servicio o la adquisición de un suministro, contemplando en ellos la protección del trabajo digno, el comercio ético, la igualdad de oportunidades o la inclusión social.

Otro de sus objetivos es establecer un nuevo sistema de contratación pública con vocación de transparencia, simplificación de trámites, facilitación de la participación de las pymes y prevención de la corrupción.

Esta ley, además, ha incluido el concepto de “mejor relación calidad-precio” (que sustituye con toda congruencia el de “oferta económicamente más ventajosa” que se usaba en la directiva europea) en el que debe basarse la adjudicación de los contratos, atendiendo a una diversidad de criterios, además del precio, como son la calidad de los bienes o los servicios de que se trate, el ciclo de vida del bien y las cuestiones medioambientales y sociales que se incluyen.

Para consultar con detalle todos los criterios éticos que introduce esta ley en el procedimiento de los contratos, puedes ir aquí .

Las diferentes comunidades autónomas han recogido en su ordenamiento legal o interno directrices o acuerdos de gobierno para impulsar la incorporación de cláusulas sociales, ambientales y éticas de comercio justo en los contratos que celebren, a la luz de la LCSP aunque en muchos casos estos acuerdos son anteriores a la ley y nacen de la voluntad de los gobiernos autonómicos por recoger o ampliar la aplicación de las leyes existentes o, simplemente, implementar buenas prácticas que se consideraban deseables y beneficiosas, en coherencia con la finalidad de las políticas públicas que se impulsan desde los gobiernos regionales. 

Desde los organismos municipales se puede impulsar y poner en práctica la CPE no sólo con la aplicación de la LCSP y la inclusión de criterios éticos en los concursos públicos, sino que también se puede hacer uso de la contratación directa para incorporar estos criterios éticos de forma sencilla. Además, el municipio puede dar apoyo político a través de declaraciones institucionales a favor del Comercio Justo, se pueden establecer acuerdos con alguna organización especializada para impulsar el conocimiento y el consumo de productos de Comercio Justo entre la ciudadanía o incluso el municipio puede acogerse al Proyecto Europeo de Ciudades por el Comercio Justo, que desde 2001 reúne a más de 2.000 ciudades en el mundo que acercan los productos del Comercio Justo a su ciudadanía a través de las Administraciones, los comercios, las empresas y el tejido asociativo de la ciudad.