Preguntas y respuestas frecuentes

Equipo IDEAS Comercio Justo

Aquí encontrarás una serie de preguntas y respuestas frecuentes sobre Compra Pública Ética y Comercio Justo

COMPRA PÚBLICA ÉTICA

COMPRA PÚBLICA ÉTICA

¿Qué es un contrato del sector público?

Es un acuerdo voluntario entre un organismo o entidad del sector público con una persona física o jurídica para la realización de una prestación de servicios, obras o bienes, que la empresa debe llevar a cabo por un precio determinado. 

¿Qué es un procedimiento de adjudicación?

El procedimiento de adjudicación es el proceso administrativo que las administraciones publicas deben seguir de acuerdo con los principios de igualdad y transparencia para adjudicar un contrato a un contratista.

¿Qué es una adjudicación?

Resultado dentro de un procedimiento oficial administrativo de contratación pública, en el que una de las empresas que ofertan propuestas resulta seleccionada sobre el resto de las empresas competidoras para ejecutar el contrato propuesto en base a una evaluación.

¿Qué es una empresa adjudicataria?

Es la empresa ganadora de una licitación tras la evaluación positiva de su oferta sobre el resto de las ofertas presentadas.

¿Qué es el órgano contratante?

Es el órgano unipersonal o colegiado que, en virtud de la normativa o disposición estatutaria, tiene atribuida la facultad de firmar contratos en nombre de una entidad u organismo del sector público con las empresas privadas o del sector público.

¿Qué es una licitación pública?

Llamamos licitación al procedimiento público por el cual una administración, que en este caso sería el Comprador, hace pública una necesidad de compra, ya sea de bienes, servicios o de obra, para que las empresas interesadas, puedan presentar tus ofertas. La licitación pública mostrará las condiciones en las que quiere ejecutar el contrato y las ofertas presentadas evaluadas, tras lo cual se adjudica una o varias que cumplan con las condiciones de acuerdo a la mejor relación calidad precio.

¿Qué significa LSCP?

Las siglas corresponden a la Ley de Contratos del Sector Público, y se refieren a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, a través de la que se regula en el ordenamiento jurídico español las directivas transpuestas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE del 26 de febrero de 2014. Esta ley 9/2017 regula todo lo referente a las licitaciones públicas.

¿qué es la plataforma de contratación del sector público?

La Plataforma de Contratación del Sector Público es un portal web que sirve como punto de encuentro virtual entre compradores del Sector Público y licitadores, es pues, el principal punto de acceso a la información sobre la actividad contractual del Sector Público, facilitando la información sobre las convocatorias de licitaciones y sus resultados de todos los organismos que lo componen.

¿Qué es el perfil del contratante?

El perfil del contratante es el servicio de información de las administraciones en el que se publica la información relativa a la contratación administrativa, como anuncios de licitación, adjudicaciones provisionales y definitivas, pliegos de contratación, etc, de esa misma administración. En este perfil se definen el conjunto de datos e información sobre las actividades contractuales del organismo en sí y que facilita la transparencia y el acceso público a estas actividades.  

¿Qué son las condiciones especiales de ejecución?

Son criterios adicionales que se incluyen en un contrato público para garantizar que durante la ejecución del contrato, se cumple con determinados objetivos sociales, medio ambientales, éticos, etc, más allá de las condiciones específicas o prestaciones requeridas.

¿Qué son los criterios de adjudicación?

Los criterios de adjudicación son los elementos que se utilizan para poder llevar a cabo una evaluación de la oferta adecuada durante el proceso de licitación y que sirven para determinar la opción más adecuada según los criterios del contrato.  Estos criterios deben ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.

¿Qué son los contratos reservados?

Un procedimiento de licitación pública puede limitar el tipo de empresas que pueden concurrir a una licitación determinada con el objetivo de, además de cumplir con las exigencias del contrato, favorecer emprendimientos con un alto contenido social o fundamentado en principios sociales. En los procedimientos de contratos reservados solo podrán participar y resultar adjudicatarias de estos contratos empresas como los Centros espaciales de empleo o Empresas de inserción.

¿Qué es un centro especial de trabajo?

Es una empresa cuyo fin es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la posibilidad de realizar un trabajo remunerado y productivo, adecuado a sus características personales y que, a su vez, facilite la integración laboral e inserción social de éstos en el mercado de trabajo. El objetivo de estos centros es productivo, es decir, tener beneficios como cualquier otra empresa, pero mantienen un fuerte componente social.

¿Qué es un centro especial de trabajo de iniciativa social?

Encontramos dos tipos de centros especiales de empleo de iniciativa social:

Aquellos Centros Especiales de Empleo promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o diversas entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter  social en sus estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de economía social.

 

Aquellos Centros Especiales de Empleo titularidad de sociedades mercantiles en el que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente.

 

En cualquiera de los dos casos, la entidad titular del Centro Especial de Empleo, para que éste sea calificado como de iniciativa social, deberá recoger en sus estatutos sociales o en su acuerdo social la obligación de reinvertir íntegramente sus beneficios para destinarlos a la creación de oportunidades de trabajo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad o de su actividad de economía social, teniendo la facultada de optar por la reinversión en su propio Centro Especial de Empleo o en otros Centros Especiales de Empleo de economía social

¿Qué es el presupuesto base de licitación?

Nos referimos al presupuesto base de licitación cuando hablamos del monto máximo de gasto que el órgano de contratación puede destinar a ese contrato concreto. En él se incluye el IVA y todos los gastos tanto directos como indirectos.

¿Qué significa solvencia?

Es el procedimiento o requisito  que se exige a las empresas que participan en una licitación pública y que hace referencia las capacidades de las empresas, tanto financieras como técnicas, para cumplir con el contrato al que optan.

¿Qué es el Consumo Responsable?

El consumo responsable nace como respuesta a los modelos consumistas actuales, cuyos efectos no son sostenibles y perjudican a amplios sectores de la población del planeta.  El consumo responsable concibe el consumo como una oportunidad para defender una serie de valores ecológicos, sociales y humanos. Supone tomar consciencia de que cuando consumimos un producto estamos dando implícitamente nuestro apoyo a las prácticas de producción que incluyan acciones de protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de las personas productoras vulnerables.

¿Puede la administración pública tener responsabilidad social?

Sí, puede. La pregunta parece un poco redundante, dado que la administración pública presta un servicio a la ciudadanía, es decir, a la sociedad, y por lo tanto se podría decir que todas sus acciones, su verdadera esencia, es la responsabilidad social.

Sin embargo, esta responsabilidad social no se entiende como tal en algunas de sus funciones, sobre todo aquellas que no tienen a la ciudadanía como actor directo, entre la que debemos destacar a la contratación. La prioridad que generalmente ha movido a la contratación, y en este caso solo hablamos de la pública, está basada en criterios comerciales capitalistas que primaban la ganancia y el ahorro. Por parte del operador económico, el balance de beneficios, por parte de la administración, el balance de ahorro. Este criterio no sopesa principios sociales, ni ambientales ni éticos, solo prima el económico.

A pesar de, hasta ahora, haber sido el criterio económico el principal valedor dentro de la contratación pública, la realidad nos muestra que  la contratación pública  es una herramienta esencial para la aplicación de criterios responsables en sus procedimientos, y por lo tanto debe utilizarse y visibilizarse como tal. Las compras de productos y servicios por parte de las Administraciones suponen el 18,5% del PIB español, lo que las convierten en una herramienta poderosa para dotar de coherencia y eficiencia a las políticas éticas, sociales y medioambientales. Unas compras públicas que tengan en cuenta criterios sociales como el respeto a los derechos laborales en toda la cadena de producción, criterios ambientales como el uso de productos no contaminantes y ecológicos, o criterios éticos como el pago de un precio justo a las personas que producen lo que las Administraciones consumen, contribuirán a un mayor bienestar social y a un desarrollo sostenible. Además, con políticas de compra pública responsable, las Administraciones tendrán que invertir, a la larga, menos recursos, por ejemplo, en políticas sociales para personas con bajos recursos

Igualmente, cuando estamos incluyendo este tipo de criterios en la compra pública, sobre todo en los criterios éticos de Comercio Justo, la Administración está reforzando sus propias políticas de cooperación internacional al desarrollo, añadiendo a los esfuerzos de sus propios departamentos de cooperación, los efectos de la inclusión responsable en los procedimientos de compra. Esto aumenta además el porcentaje de compromiso de determinada administración con los fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del Sur Global.

La acción de incluir criterios responsables en la contratación pública visibiliza los compromisos de la Administración con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo con el objetivo 12.7, Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, sino con todos aquellos que promuevan el respeto y la protección al medio ambiente, y la defensa de los Derechos Humanos, especialmente los relacionados con los derechos laborales, los derechos de la infancia y la equidad de género y la promoción del Comercio Justo.

¿Qué es la Contratación Pública Ética?

La compra pública ética es una de las dimensiones de la compra pública sostenible o responsable: en la que además de valorar las ofertas según el precio o especificaciones técnicas, se tienen en cuenta otros criterios, como los ambientales y sociales, con el fin de contratar de la forma más respetuosa con el medio ambiente y promoviendo la inserción laboral, la igualdad de género y el comercio justo con países empobrecidos. Así pues, entendemos por contratación o Compra Pública Ética  al  proceso de compra y/o contratación llevado a cabo por las entidades del sector público en el que se consideran criterios de Comercio Justo para garantizar el respeto de los derechos laborales básicos en la cadena de producción y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades productoras, fundamentalmente, de países del Sur Global).

Es decir, nos referimos a los  contratos hechos desde cualquier entidad del sector público  en los que se establecen criterios que ofrecen garantías sobre los productos y servicios que se van a utilizar. Estos criterios aluden a las condiciones de producción, distribución y suministro de los bienes y servicios para garantizar,  como mínimo, los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dando preferencia a alternativas que apuestan por estándares más exigentes, como los del Comercio Justo.

La Contratación Pública Ética forma parte de la Contratación Pública Responsable.

¿Qué es la Contratación Pública Responsable?

La Contratación Pública Responsable es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para la consecución de valores como la redistribución de la riqueza, la justicia, igualdad y la cohesión social. Las instituciones públicas contratan a empresas para dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios públicos y son las encargadas de preparar los términos de estos contratos, adjudicarlos, supervisar su cumplimiento y rescindirlos.

 Se trata de dotar a esta herramienta de fuerte componente social que ponga los intereses, el bienestar y los derechos de las personas por encima de cualquier beneficie o coste económico. Las condiciones de trabajo dignas, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de colectivos desfavorecidos, el respeto al medio ambiente o la igualdad de género son algunos de los valores que pueden garantizarse en la contratación pública a través de la implementación de cláusulas sociales, medioambientales y éticas.

¿Que son cláusulas éticas en la compra pública?

Nos referimos a cláusulas éticas cuando incluimos criterios de Comercio Justo en un procedimiento de compra pública. Cuando en una contratación pública se exige o recomienda la inclusión de criterios éticos, es decir, de Comercio Justo, estamos garantizando que para la producción de ese determinado producto se han respetado los Derechos Laborales y Sociales de las personas productoras, el respeto por el medio ambiente, la igualdad de género, la exclusión de la explotación infantil, la transparencia en su producción y transporte, la mejora de las capacidades,  un pago justo por su producción y la lucha contra la pobreza con acuerdos comerciales justos.

¿Qué son cláusulas sociales?

Las cláusulas sociales en la compra pública hacen referencia a la inclusión de criterios sociales en los procedimientos, es decir, incluyen exigencias o recomendaciones de contenido social para la ejecución del contrato, como puede ser la contratación de personas desempleada, el fomento de la inserción socio laboral, el cumplimiento de la legislación vigente con referencia a igualdad y no exclusión,  la prioridad para mujeres en riesgo de exclusión, personas discapacitadas, componentes de sensibilización, o el apoyo a la Economía social. 

¿Qué son cláusulas medio ambientales?

Cuando hablamos de inclusión de cláusulas medio ambientales en los procedimientos de compra pública, nos referimos a que en ese procedimiento se exigen o recomiendan criterios de protección del medio ambiente, o que el origen de los productos a contratar provenga de explotaciones ecológicas y controladas, evitación de la acumulación de residuos y el y el apoyo al  ahorro energético o la exclusión de productos peligrosos para el medio ambiente.  Esta compra también es conocida como compra verde. 

https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/ccaa/andalucia/1-GuiaClausulasSocialesContratacion_JuntaAndalucia.pdf

¿Qué son las Convenciones Fundamentales de la OIT?

Los convenios fundamentales de la Organización del Trabajo son instrumentos jurídicos que fundamentan los principios y derechos en el trabajo y que se establecen dentro del sistema de Naciones Unidades. Estos convenios pueden ser ratificados por los Estados Miembros o no, y se dividen en protocolos y convenios, o en recomendaciones.

Los primeros, protocolos y convenios, son tratados internacionales que son vinculantes, es decir, de aplicación obligatoria, y que pueden ser ratificados por los estados o no.

Los segundos, las recomendaciones, actúan como directrices o sugerencias no vinculantes y que complementan a los anteriores.

Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacionales, y a enviar a la Oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Si fuera necesario, la Oficina proporcionará asistencia técnica. Por otra parte, pueden iniciarse procedimientos de reclamación y de queja contra el Estado que no haya observado las disposiciones del convenio que haya ratificado

¿Cuáles son los principales sellos que acreditan a los productos de Comercio Justo?

Existen varios sellos o etiquetas que garantizan que el producto que estamos comprando cumple con los principios que rigen el Comercio Justo, es decir, nos aseguran que ese producto se ha producido y comercializado respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, se ha adquirido por un precio justo, no se ha producido con explotación infantil, que cumple con los principios de equidad de género o no se han usado ningún tipo de aditivos tóxicos, como fertilizantes químicos, a lo largo del proceso de su producción.

Estos sellos de garantías se otorgan a aquellos productos o empresas que, una vez auditados por la entidad competente, demuestran cumplir con los criterios establecidos del Comercio Justo. La entidad que otorga el uso de estas etiquetas es la Organización Internacional de Comercio Justo (WFTO por sus siglas en inglés), que es a entidad más representativa del movimiento del Comercio Justo a nivel internacional y que  reconoce aquellos sellos susceptibles de certificar productos de Comercio Justo.

Fairtrade: Es la etiqueta más reconocida en todo el mundo y es fácil también encontrarla en productos de grandes superficies, y no solo en tiendas especializadas y contempla un amplio abanico de sellos especializados dependiendo del producto en sí, abarcando desde el algodón, hasta el oro, pasando por la alimentación. En cualquier caso, los productos que llevan en sus embalajes el sello fairtrade, garantizan que dichos productos han sido elaborados y comercializados de manera justa. La presencia del Sello significa también que el producto es totalmente rastreable, es decir, se puede seguir su trazabilidad, (se ha mantenido aislado de los productos no certificados) desde la finca hasta la tienda. Este Sello puede verse en productos de un único ingrediente, tales como plátanos/bananos y café.

 

Naturland fair: Esta etiqueta se usa tanto para la certificación de empresas, como de productos específicos, combinando el sector ecológico con el Comercio Justo bajo un mismo logotipo, aplicable a productos tanto del Norte como del Sur Global. La entidad asegura los criterios orgánicos a la vez que cumple con las normas de Comercio Justo basadas en la definición de La Carta Internacional de Comercio Justo y los principios de FINE a través de una evaluación interna y externa. FINE en una red paraguas informal que pretende desarrollar una definición del Comercio Justo, unos criterios y un sistema de supervisión comunes y cooperar en campañas y actuaciones de presión política

Sello SPP 

SPP: Este sello fue creado por las propias personas productoras, y está gestionado en exclusiva por SPP Global, que acredita a las entidades de certificación. Su principal particularidad es que solo trabaja con organizaciones de pequeños grupos productores, excluyendo a las plantaciones, así como a productores no organizados, con el objetivo de beneficiar de manera efectiva a estos actores. SPP ha iniciado un proceso para reforzar sus criterios medioambientales. En la actualidad, el 90% de las organizaciones productoras certificadas por SPP poseen también el certificado ecológico.

Fair for life: Este sello está certificado por el organismo independiente Ecocert desde 2017, año en el que ambos estándares se fusionaron. Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia en 1991 y que forma parte del Ecocert Group. Ecocert cuenta con más de 30 años de experiencia en auditoría y certificación ecológica en Francia y en más de 130 países. Se ha especializado en la certificación de productos de agricultura ecológica. Propone un enfoque basado en el medio ambiente, promoviendo la agroecología en todo el mundo y estableciendo sistemas de control y certificación. La certificación Fair for Life está disponible para las operaciones de muy diversos sectores en todo el mundo, combinando tres tipos de requisitos a lo largo de toda la cadena de suministro: la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad social y el comercio justo.

Ecocert permite colocar el logotipo de Fair for Life en los productos cuando el 80 % de las materias primas que lo componen provienen del comercio justo.

La etiqueta de Fair for Life se aplica a las materias primas agrícolas, alimentos, cosméticos y detergentes, productos textiles y artesanales.

 

WFTO. El sello de WFTO es la certificación utilizada para organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional, que deben cumplir con éxito un proceso de verificación en relación a los diez estándares del Comercio Justo. La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) es una red global de organizaciones que están involucradas en la cadena de valor del Comercio Justo.  Los miembros son cooperativas productoras de comercio justo, empresas de comercialización de las exportaciones, importadoras, comerciantes, redes nacionales y regionales de comercio justo y las organizaciones de apoyo al comercio justo.

¿En qué contratos de servicios y suministros se pueden incluir los productos de comercio justo?

La inclusión de criterios de Comercio Justo en la compra pública se podrá llevar a cabo fundamentalmente en contratos de suministros y en ocasiones en contratos de servicios, que incluyan la adquisición de ciertos productos con consideraciones éticas, por ejemplo, la contratación de un servicio de catering que incluya algunos productos de alimentación  de Comercio Justo, como café, azúcar, quinua, productos con algún ingrediente de Comercio Justo, como algunas pastas o dulces y en general aquellos productos éticos producidos en el Sur Global. Principalmente se aplicarán a los productos alimenticios, textiles, artesanía o a servicios que contengan estos productos, o un porcentaje de ellos, en la ejecución del servicio.

El Comercio Justo puede incluirse en diversas fases del procedimiento de contratación, distinguiéndose dos vías principales: utilizar etiquetas o certificaciones de Comercio Justo y empresa ética, así como las referencias a los criterios mínimos descritos en la resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo para definir las especificaciones técnicas; o hacer referencia a las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo en los criterios de admisibilidad y las condiciones de ejecución.

El abanico de productos se abre mucho más si consideramos también productos responsables o sostenibles., el que podemos añadir madera para mobiliario, productos textiles, productos ecológicos, o productos de bienes o servicios originales de Centros Especiales de Empleo, que abarcan aspectos sociales,  e incluso tecnología, si exigimos en los pliegos el control de los componentes de los equipos tecnológicos que pretendemos comprar.

¿Cuáles son los productos de comercio justo que se podrían incorporar en los contratos públicos?

Los principales productos comercializados a través de los canales del Comercio Justo son alimenticios, y entre ellos destacan el café, el cacao, el azúcar de caña y el té. De forma secundaria también destacan productos como el arroz, la quinua o la banana. De todos ellos se comercializan hoy día productos elaborados que permiten adaptarlos a las demandas de los consumidores/as como galletas, chocolatinas y bebidas. Hoy día, estos productos están al alcance de cualquier comercializadora que opere en el Estado Español, por lo que todas las administraciones pueden incluir estos criterios en sus pliegos de compra sin riesgos de estar discriminando a ninguna empresa durante el proceso.

¿Cómo puedo comprobar que se cumplen los criterios de comercio justo durante la ejecución de un contrato?

Para realizar un buen seguimiento de la ejecución del contrato hay que tener en cuenta que el criterio se ha dejado bien claro en la licitación, con tal de que no queden dudas sobre las especificidades del producto que se solicita. Si lo que solicitamos con productos de Comercio Justo, se tiene que detallar el producto y que esta alineado y sujeto a la Ley 9/2017 de la Ley de contratación del sector público. Eso se verificará mediante una prueba que constate que el producto que se incorpora se adapta a lo solicitado. Para ello tendrá que contar con una de las etiquetas, o un medio de verificación equivalente, que garantizan que el producto es de Comercio Justo. Podrás ver qué etiquetas se utilizan en el apartado correspondiente de esta página.

En cuando al seguimiento se tendrán que acordar pautas con el contratista para que durante la ejecución del contrato se establezca un protocolo en el cual se pueda ir comprobando de forma periódica que el criterio se va cumpliendo y que se adapta a lo exigido en el pliego. Para ello se podrán exigir informes mensuales, facturas, documentos de trazabilidad, y todas aquellas fórmulas de forma consensuada y de buena voluntad, se acuerden para la verificación del cumplimiento. 

COMERCIO JUSTO

¿Cómo puedo reconocer un producto de Comercio Justo?

Los productos de Comercio Justo son reconocibles a través de sus etiquetas de certificación, que deben llevar en un lugar visible en sus propios embalajes. Estos certificados son emitidos por reconocidas entidades internacionales que garantizan que el producto que lleva esa etiqueta cumple con los principios del Comercio Justo y los convenios internacionales rigen los Derechos Humanos.  En la siguiente guía se describe de forma pormenorizada el funcionamiento y los estándares a los que están sujetas esas entidades y los productos que representan, identificados a través de sus sellos: 

https://comerciojusto.org/wpcontent/uploads/2018/03/GUIA_INTERNACIONAL_DE_SELLOS_web.pdf

Cuando en un proceso de contratación o compra del sector público, en sus pliegos relativos, dicha administración hace mención explicita a la inclusión de criterios éticos en los productos que solicita, debe comprobar el cumplimiento de lo solicitado a través de la inclusión de esos sellos en los productos ofertados.

¿Cuáles son los sellos que garantizan que un producto es de Comercio Justo?

Hay varios sellos que reconocen esta garantía. 

  • Organización internacional del Comercio Justo, WFTO ( World fair trade Organization). Esta organización acredita a organizaciones y productos cuyos procedimientos y comportamiento es acorde con los 10 principios de comercio justo y cuyo cumplimiento se evalúa constantemente.  Enlace: https://wfto.com/
  • Fairtraide. Garantiza el cumplimiento de los estándares sociales, económicos y medioambientales del comercio justo, y han desarrollado un proceso de verificación para certificar en cumplimiento en todos sus productos. Enlace: https://www.fairtrade.es/
  • SPP Pequeños productores y productoras de Comercio Justo.  A este sello optan pequeños grupos productores organizados. La organización que gestiona el sello ha desarrollado una definición muy precisa de los pequeños productores y productoras para que sus sellos beneficie explícitamente a estos actores. Enlace: https://spp.coop/
  • Fair for Life. Este sello está disponible en todo el mundo, combinando tres tipos de requisitos a lo largo de toda la cadena de suministro: responsabilidad medioambiental; responsabilidad social y el Comercio Justo. Enlace: https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home
  • Naturland Fair. Este sello está destinado a la promoción y certificación de la agroecología. Los estándares sobre responsabilidad social, combinando el certificado ecológico con el de Comercio Justo. Enlace: https://www.naturland.de/es/productores/naturland-fair.html

Compra pública

En un proceso de compra o contratación pública ¿qué implica la inclusión de criterios responsables en los pliegos?

Durante un procedimiento de compra pública, la inclusión de criterios responsables significa que se tendrán en cuenta como un valor añadido aquellas propuestas que contengan en sus bienes, productos o servicios ofertados aspectos sociales, como es la igualdad entre hombres y mujeres; el respeto a las convenciones y regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos laborales; la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y de aquellas personas que son excluidas por su diversidad funcional; el respeto a los Derechos Humanos en todo el ciclo de producción del producto, etc.,  y ambientales, que revelan los ejercicios de respeto al medioambiente, el uso de productos ecológicos o la ausencia de pesticidas y fertilizantes tóxicos.

Igualmente, cuando estamos incluyendo este tipo de criterios en la compra pública, sobre todo en los criterios éticos de Comercio Justo, la Administración está reforzando sus propias políticas de cooperación internacional al desarrollo, añadiendo a los esfuerzos de sus propios departamentos de cooperación, los efectos de la inclusión responsable en los procedimientos de compra. Esto aumenta además el porcentaje de compromiso de determinada administración con los fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del Sur Global.

La acción de incluir criterios responsables en la contratación pública visibiliza los compromisos de la Administración con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo con el objetivo 12.7, Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

¿Qué ley garantiza la inclusión de criterios éticos en la contratación pública?

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Esta nueva legislación permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las Administraciones puedan comprar de forma más responsable, con avances en la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Otra de sus novedades es las medidas de apoyo a empresas de la Economía Social y Solidaria.

Ya en su preámbulo, especifica:

“Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2.”

En su artículo 127. Etiquetas. Apartado 2.

Cuando los órganos de contratación tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de prueba de que las obras, los servicios o los suministros cumplen las características exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

  1. a) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se refieran únicamente a criterios vinculados al objeto del contrato y sean adecuados para definir las características de las obras, los suministros o los servicios que constituyan dicho objeto.
  2. b) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta se basen en criterios verificables objetivamente y que no resulten discriminatorios.
  3. c) Que las etiquetas se adopten con arreglo a un procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes concernidas, tales como organismos gubernamentales, los consumidores, los interlocutores sociales, los fabricantes, los distribuidores y las organizaciones no gubernamentales.
  4. d) Que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas.
  5. e) Que los requisitos exigidos para la obtención de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre el cual el empresario no pueda ejercer una influencia decisiva.
  6. f) Que las referencias a las etiquetas no restrinjan la innovación.

Cuando una etiqueta cumpla las condiciones previstas en el apartado 2, letras b), c), d) y e), pero establezca requisitos no vinculados al objeto del contrato, los órganos de contratación no exigirán la etiqueta como tal, pero, en sustitución de esta, podrán definir las prescripciones técnicas por referencia a las especificaciones detalladas de esa etiqueta o, en su caso, a partes de esta, que estén vinculadas al objeto del contrato y sean adecuadas para definir las características de dicho objeto.

¿Qué articulo de la LCSP regula la inclusión de criterios en los contratos públicos?

ART. 145. El Artículo que regula la inclusión de criterios es el Art.145. Este artículo utiliza una seria de criterios que adjudicación que fundamenta en la “relación calidad precio”, que toda de contenido social a la anterior “oferta más ventajosa”, que no aportaba información sobre la calidad del producto y fundamentaba la adjudicación a la más barata de las ofertas, sin más criterio cualitativo.  El concepto “relación calidad precio” se refiere a que hay que tener en cuenta criterios no solo económicos, sino que es obligatorio tener en cuenta criterios cualitativos, que podrán incluir aspectos medioambientales, sociales y éticos. Estos criterios deben tener como finalidad:

“el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministros o a la utilización de productos basados en comercio equitativo (Comercio Justo)  durante la ejecución del contrato” 

¿Cómo se desempata en caso de empate con criterios cualitativos?

Esto lo regula el Art. 147. Criterios de desempate. Apartado 1. Letra d). Cuando el criterio era la oferta más ventajosa era complejo que se dieran situaciones de empate, dado que la empresa adjudicada lo era por ofertar el suministro, bien o servicio al precio más bajo. Era difícil encontrar ofertas empatadas al céntimo. Sin embargo, cuando hablamos de criterios cualitativos se pueden dar casos de mucho equilibrio entre varias ofertas distintas lo que conllevará una evaluación más profunda de las opciones y sus propias estructuras.  Para ello se utilizarán como medio para desempate indicadores cualitativos superiores a lo que imponga la normativa; empresas reconocidas de inserción reguladas en la ley 44/2007; ser entidad sin ánimo de lucro, pero con actividad demostrada y vinculada al objeto del contrato demostrable por estatutos y con personalidad jurídica; organizaciones de Comercio Justo para las ofertas de productos de comercio justo; empresas que incluyan medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Dichos criterios deberán estar vinculados al objeto de la oferta, y se referirán a:

  1. Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
  2. Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
  3. En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
  4. Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.
  5. Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

  1. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
  2. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
  3. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
  4. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
  5. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate

Comercio Justo

¿Qué es el Comercio Justo?

El Comercio Justo es una asociación de comercio basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de aquellas personas productoras y trabajadoras que puedan estar excluidas, especialmente en los países del Sur.

Las organizaciones de Comercio Justo no sólo comercializan productos bajo estos criterios, sino que también, apoyadas por consumidoras y consumidores conscientes, están implicadas activamente en apoyar a los grupos productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las injustas reglas y prácticas del comercio internacional convencional. (Definición de FINE)

El Comercio Justo es una poderosa herramienta para erradicar las causas de la pobreza en las comunidades más desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo de todas las partes implicadas.

¿Cuáles son los 10 principios del comercio justo?
  1. Crear oportunidades para organizaciones productoras desfavorecidas económicamente.
  2. Transparencia y responsabilidad
  3. Prácticas comerciales justas
  4. Pago justo
  5. Garantizar la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzoso
  6. Compromiso con la discriminación, equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, y la libertad de asociación.
  7. Garantizar unas condiciones de trabajo dignas y decentes.
  8. Favorecer el desarrollo de capacidades
  9. Promoción del Comercio Justo.
  10. Acción climática y protección del medio ambiente.
¿por qué el Comercio Justo apoya a las personas desfavorecidas?

El mundo presenta unos desequilibrios enormes entre las personas ricas y las desfavorecidas o pobres, siendo estas últimas la enorme mayoría de los habitantes del planeta. Estos desequilibrios y diferencias no se dan por norma general debido a una capacidad especial de los favorecidos de las que carecen los desfavorecidos, sino a cuestiones de suerte, herencias, lugar de nacimiento, políticas, estrategias geopolíticas, colonialismo y descolonización, perpetuación de las élites, etc., siendo el mérito el factor menos influyente en estas diferencias.

Uno de los objetivos esenciales del Comercio Justo es la reducción de la pobreza a través del comercio. El Comercio Justo apoya a las personas productoras en situaciones desfavorecidas, tanto si están agrupados en asociaciones, cooperativas o empresas, como si están empleados en empresas familiares comprometidas con el Comercio Justo, o son personal autónomo, informal o de trabajo a domicilio. Su objetivo es permitirles pasar de la inseguridad de los ingresos y la pobreza al empoderamiento social y económico y la independencia en su toma de decisiones.

¿Qué entendemos por trazabilidad y transparencia?

El Comercio Justo es transparente en su gestión y relaciones comerciales. Rinde cuentas a todas las partes interesadas y respeta la sensibilidad y confidencialidad de la información comercial. Se tiende como trazabilidad la información, que tiene que ser accesible y visible en sus productos, sobre el origen, la ubicación, la fecha de producción, técnicas empleadas, etc., que permite identificar el proceso de la cadena de producción. Mientras que la transparencia hace referencia a el método en cómo esa información se comunica, que sea visible y de fácil comprensión.

¿Qué son las prácticas comerciales justas?

Las prácticas comerciales justas tienen un propósito: Se busca la comercialización con un objetivo social, económico y medioambiental de las personas productoras y lugares en los que se produce, sin priorizar el beneficio económico.

Se establecen compromisos comerciales con responsabilidad y profesionalidad para el cumplimiento de las formas y los tiempos de los acuerdos. Se respetan los contratos y se entregan en tiempo forma, con la calidad y las especificaciones acordadas.

Se acuerda el pago y la prefinanciación de las entidades compradoras de Comercio Justo, reconociendo las desventajas financieras a las que se enfrentan las organizaciones productoras y proveedoras, garantizan que los pedidos sean pagados en el momento de la recepción de la documentación o según lo establecido de mutuo acuerdo. Para la artesanía y otros productos no alimenticios, si así se solicita, se realizará un prepago sin intereses de al menos el 50%.

Para los productos alimenticios, si así se solicita, se realizará un prepago de al menos el 50% a un tipo de interés razonable. Los tipos de interés pagados por las entidades proveedoras no deben ser más altos que el coste asumido por las organizaciones compradoras por préstamos solicitados a terceros. El cobro de intereses es opcional y se acuerda entre los socios comerciales.

Cuando las entidades proveedoras reciben un prepago de las compradoras, se aseguran de que este pago se transfiera a quienes fabrican o cultivan los productos, evitando en la medida de lo posible el aumento en los intermediarios.

Un pedido se puede cancelar a los proveedores, pero antes de hacer las entidades compradoras deben consultar con las proveedoras. Si esta cancelación se hace con poca antelación o sin un motivo atribuible a las productoras o proveedoras, se debe garantizar una compensación adecuada por el trabajo ya realizado.  Si se producen problemas en la entrega, por ejemplo, la fecha de entrega, las entidades productoras deben consultar con las compradoras y revisar los términos del contrato.

Las relaciones comerciales deben establecerse a largo plazo, esto garantiza la estabilidad en las entidades productoras. Estas relaciones deben basarse en la solidaridad, confianza y respeto mutuo, manteniendo una comunicación constante.

En las prácticas comerciales justas de establece una competencia leal con el resto de las entidades en sus propios entornos. No copian diseños, patrones o estrategias sin hacer acordado su uso previamente.

¿Qué entendemos por pago justo?

Un pago justo es aquel que ha sido negociado y acordado mutuamente por todas las partes a través del diálogo y la participación, que proporciona una remuneración justa a las personas trabajadoras, y que puede ser sostenido por el mercado, teniendo en cuenta el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo de mujeres y hombres. El objetivo es el pago del salario mínimo vital establecido localmente. El pago justo se compone de precios justos, salarios justos y salarios dignos locales.

Los precios justos se negocian libremente a través del diálogo entre la entidad compradora y la vendedora y se basa en el establecimiento de precios de manera transparente. Incluye un salario y un beneficio justos. Los precios justos implican un reparto equitativo del precio final entre todas las personas productoras en la cadena de suministro.

Un salario justo es un salario equitativo, libremente negociado y mutuamente acordado, y supone el pago de, al menos, el salario mínimo vital establecido localmente.

Un salario vital local es la remuneración recibida por una semana de trabajo estándar a un trabajador o trabajadora en un lugar determinado, suficiente para permitir un nivel de vida decente para dicha persona y su familia. Los requisitos para un nivel de vida decente incluyen la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la atención sanitaria, el transporte, la ropa y otras necesidades esenciales, y los gastos imprevistos.

¿Existe el trabajo infantil en el Comercio Justo?

Hay que recordar que el trabajo infantil existe en TODAS las partes del mundo. Solo hay que poner la televisión para ver niños y niñas anunciado productos o en películas y obras de teatro actuando. Eso es trabajo infantil. El Comercio Justo garantiza la ausencia de explotación infantil tanto en la cadena de producción como la de suministro. Para ello se basa en Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y a la legislación nacional y local sobre el empleo de menores. Las empresas compradoras se aseguran de que éstas cumplen con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional y local sobre el empleo de menores. Cualquier participación de menores en la producción de Comercio Justo (incluyendo el aprendizaje de un arte o artesanía tradicional) es siempre comunicada y supervisada y se garantiza de forma escrupulosa que no afecta al bienestar, la seguridad, las obligaciones educativas y la necesidad de juego de los niños y niñas.

¿Cómo aplica el Comercio Justo la no discriminación por cuestiones de género?

Uno de los principios básicos del Comercio Justo es alcanzar la igualdad en todos sus aspectos. Si decimos que es una práctica comercial con fundamento en el respeto a las relaciones de igual a igual y al proceder de las personas productoras, debemos entender que ese principio afecta de forma transversal a toda la actividad, incluidas las estructuras internas de las entidades participantes.

La práctica del Comercio Justo no discrimina en la contratación, la remuneración, el acceso a la formación, la promoción, el despido o la jubilación a ninguna persona por motivos de raza, casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato, afiliación política o edad.

El marco del Comercio justo, todas las entidades participantes y sus miembros, incluso cuando se trata de una situación de empleo informal, reciben igual salario por igual trabajo. El Comercio Justo reconoce los plenos derechos laborales de las mujeres y se compromete a garantizar que reciban todas las prestaciones laborales que les corresponden legalmente.

El Comercio Justo se fundamenta en una política y un plan claros para promover la igualdad de género que garantice que tanto las mujeres como los hombres tengan la capacidad de acceder a los recursos que necesitan para ser productivos, y que tengan la capacidad de influir en el entorno político, normativo e institucional más amplio que determina su vida y sus medios de vida. Los estatutos y reglamentos de las organizaciones permiten que las mujeres se conviertan en miembros activos de la organización por derecho propio (cuando se trata de una organización basada en la afiliación) y que ocupen puestos de liderazgo en el órgano de dirección, independientemente de su situación en relación con la propiedad de bienes, como la tierra y los inmuebles.

Estos principios de igualdad son extensivos a los derechos laborales, incluyendo la filiación sindical y la participación en sus procesos de negociación colectiva, cuando el marco normativo lo permita, o a reforzar las estructuras con formaciones o campañas de democratización interna, que de voz y voto a todas las personas participantes.

Por todo lo anterior deducimos que cuando estamos comprando productos de Comercio Justo, ya sea a título particular o a través de una contratación pública, estamos garantizando que el producto que estamos comprando se ha producido en un ambiente de igualdad de derechos, de género y laborales, que confronta la imagen que podemos tener de prácticas comerciales menos respetuosas y con una prioridad enfocada a los márgenes de beneficio, es decir, al comprar productos de Comercio Justo, estamos contribuyendo a un mundo más igualitario.

¿Garantiza el Comercio Justo unas condiciones laborales dignas?

Si, y también hay que entender qué consideramos por trabajo digno, y que no se mide por los efectos cuantitativos que la jornada laboral nos aporta, sino porque las condiciones, horario, filiación sindical, condiciones de protección, derecho a formación o vacaciones, y el salario del trabajo, permita una vida  en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, sanidad, educación o tiempo de ocio y descanso.

Así pues, los efectos del Comercio Justo inciden en la creación de entornos laborales seguros y saludables, y en la protección que supone el marco legal de cada país, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que erradiquen situaciones de explotación laboral.

¿Cómo mejora el Comercio Justo las capacidades de las personas productoras?

Uno de los principios del Comercio establece que además de la relación comercial que se implante entre las partes, debe haber un intercambio de conocimientos que mejore la capacidad de producir para las personas trabajadoras, que optimice los esfuerzos que garanticen productos de calidad y, en la medida que se pueda permitir, también competitivos.

Esto se consigue a través de actividades específicas para apoyar la  mejora de  sus habilidades de gestión, su capacidad de producción y de acceso a los mercados local, regional, internacional, de Comercio Justo y/o convencional, según corresponda.

¿Puede el Comercio Justo promocionarse o publicitarse?

Sí, por supuesto, es más, debe hacerlo. Es cierto que al hablar de publicidad tendemos a dirigirnos a una acción en la que tratan de convencernos de las bondades de un determinado producto del que sabemos que no es tan  milagroso como nos cuentan, y del que sabemos nada sobre en qué condiciones se ha producido y qué manos han intervenido en ello y dónde. Los productos de Comercio Justo, además de mantener e incluso mejorar los estándares de calidad que se le exigen y con los cuales puede competir con cualquier otro producto del mercado, garantiza que en su clico productivo se han respetado los derechos de las personas productoras, lo cual ya de por sí deberías ser una campaña publicitaria imbatible.

Los productos, además, informan a las personas consumidoras de todos los pasos que ha ido dando el producto que tienen en sus manos, desde el grupo productor que lo elaboró hasta la empresa distribuidora, aparte de los sellos y etiquetas que certifiquen su calidad.

En una sociedad de consumo donde prima desde la exposición social hasta la motivación por el producto más barato, fomentar la publicidad de un producto responsable y su práctica, el Comercio Justo, los derechos humanos y el respeto al medio ambiente, es esencial para poder tener un espacio que represente entre los y las consumidoras lo que las empresas productoras, cooperativas, empresas de economía social, significan en el producto interior de cada territorio.

¿Cómo afecta el Comercio Justo al medio ambiente?

De forma positiva. El Comercio Justo basa sus principios de protección del medio ambiente por dos motivos: por principios y para garantizar la práctica comercial. Si una explotación decide acabar con los recursos que le aportan productividad en su territorio, llegará un momento en que la calidad del producto no sea la deseada o que incluso no pueda seguir produciendo.  Es de pura lógica comercial.

El Comercio Justo fomenta  las producciones sostenibles, la minimización de los residuos, el embalaje y el transporte y, como aspecto más destacado, la ayuda a las personas para hacer frente a la crisis climática. Se apoyan y promueven actividades de producción, agricultura, servicios y comercio que preservan los recursos naturales, son culturalmente sensibles, socialmente justas y económicamente viables. Trabajan en la adaptación y la creación de resiliencia al cambio climático entre sus organizaciones productoras y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus actividades y  ayudan a preservar el ecosistema y a desarrollar modelos productivos que contribuyan a fortalecer la resiliencia ante el cambio climático.

Igualmente, las empresas y organizaciones compradoras e importadoras de productos de Comercio Justo apoyan a sus miembros en la cadena de suministro para que adopten prácticas y opciones de transporte que fomenten el desarrollo sostenible y protejan el medio ambiente. Se fomenta el uso de las energías solar, eólica, hidráulica y otras energías alternativas. Se minimiza el uso del agua, así como su contaminación y la del aire. Las organizaciones de Comercio Justo gestionan sus residuos de forma responsable, de acuerdo con los principios de reducción-reutilización-reciclaje, con el fin de minimizarlos significativamente, como ocurre con los plásticos y, en la medida de los posible, siempre se usan materiales reciclados para el embalaje de los productos.  Las organizaciones de Comercio Justo agrícolas (productoras o comercializadoras) no utilizan organismos modificados genéticamente. Los animales utilizados para la producción de carne, huevos, productos lácteos, etc. se crían de forma ética y con la debida atención a su bienestar.