Considerar los impactos sociales de la adquisición.
Realizar una prospección de mercado para evaluar la oferta de productos/ proveedores con mayores garantías éticas y de comercio justo.
Iniciar un proceso de diálogo con actuales y potenciales proveedores para valorar si los criterios a introducir son tenidos en cuenta por fabricantes y distribuidores, informar de requerimientos futuros y estimular respuestas más innovadoras.
Para garantizar la transparencia del procedimiento y la comunicación sobre las prioridades de política social que se van a incorporar en el proceso de contratación, es recomendable la adopción de una declaración política manifestando el compromiso de la Administración con dichos objetivos sociales. Puede ser un acuerdo municipal, la incorporación de estas consideraciones en las estrategias regionales de desarrollo o la adhesión a declaraciones o pactos a favor de dichos objetivos.
Pacto por la Compra Pública Ética

Incorporar al título del contrato la dimensión social de la adquisición.
En los contratos de suministros y servicios: “Servicio de catering de Comercio Justo”.
Explicar en los documentos de contratación el interés de la Administración por apoyar una política de compra responsable.

Rige la prohibición para contratar con empresas que hayan sido sancionadas por infracción grave en materia profesional o de integración laboral de minusválidos o muy grave en materia social.
Rige la prohibición de contratar con empresas de trabajo temporal.
Rige la obligación de contratar 2% de personas con minusvalía en las empresas de más de 50 trabajadores o la adopción de medidas alternativas en caso de que el empresario quede exento de la obligación.
Para una mayor trazabilidad del producto exigir transparencia en cuanto la condición del licitador como distribuidor y/o fabricante e importador y declaración del fabricante en caso de que sea diferente del licitador.
Exigir a los licitadores un compromiso ético que garantice el cumplimiento de las Convenciones Fundamentales de la OIT a lo largo de la cadena de producción y suministro, ya sea de forma directa o mediante subcontratación. Este compromiso puede ser una declaración de la empresa, un certificado otorgado por una auditoría independiente o una certificación social reconocida. Igualmente se puede exigir garantías del cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene aceptables en toda la cadena de suministro.
La exigencia de trabajadores con una capacitación y experiencia determinada también contribuye a garantizar que las condiciones laborales no sean por debajo de los estándares mínimos y la no utilización de mano de obra infantil.
Incluir información de la empresa sobre la inclusión en la plantilla de trabajadores con discapacidad y provenientes de colectivos en riesgo de exclusión.

La empresa que resulte adjudicataria deberá cumplir con unas condiciones previamente establecidas y anunciadas por el órgano contratante. De acuerdo al art. 26 de la Directiva “Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental”.