Los criterios que rigen la contratación pública han evolucionado desde un criterio basado exclusivamente en la objetividad y la rentabilidad económica a una perspectiva que incorpora aspectos sociales y ambientales como elementos a tener en cuenta en la valoración de una oferta.

La incorporación de dichos elementos ha de realizarse respetando los principios básicos que rigen la contratación administrativa de ahí que sea esencial un conocimiento profundo tanto de las Directivas europeas como de las leyes estatales y regionales que regulan esta materia.

Marco legal español

En el ámbito estatal, la contratación pública se ha regulado de forma general en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP). En 2008, se aprobó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) (BOE, n° 261, de 31 de octubre de 2007) que implica un gran avance respecto a la integración de criterios éticos y de comercio justo en los contratos administrativos:

Exposición de Motivos, Título IV.

“3. Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un «comercio justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], […].”

Artículo 102. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

“1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.”

Disposición adicional sexta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro.

“4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.”

El 8 de mayo de 2009 ha sido publicado el Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Marco legal europeo

La Compra Pública está sometida al marco legislativo europeo regulado por dos Directivas:

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 31 de marzo de 2004, que coordina los procedimientos de contratación de entidades que operan en el sector del agua, la energía, el transporte y los servicios postales.

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obra, suministro y servicio.
Normalmente los contratos que incorporan consideraciones sociales o mediambientales son los regulados por la Directiva 2004/18, (en adelante ” la Directiva “) que establece una referencia expresa a la posibilidad de insertar la compra responsable:

“La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2. Estos principios son los principios del Tratado, en particular “los principios de libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia”(considerando 1º de la Directiva)

Además la posibilidad de incorporar aspectos medioambientales y sociales se clarifican en la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública (COM (2001) 274 final) y la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y la posibilidad de integrar aspectos sociales en dichos contratos (COM (2001) 566 final).

Principios básicos

Principios básicos para la contratación pública

Principio de publicidad y transparencia

Todos los licitadores deben ser informados de la misma forma y a la vez, y los requerimientos deben ser especificados claramente para poder comparar objetivamente las ofertas.

No discriminación

Los criterios sociales, éticos y ambientales no pueden ser introducidos de modo que se favorezca a los proveedores locales o nacionales.

Relación con el objeto de contrato

Todos los requerimientos sociales, éticos y ambientales deben estar relacionados con el objeto de contrato.

Criterios Objetivos

La adjudicación del contrato debe estar basado en criterios objetivos para asegurar el cumplimiento de los principios comunitarios. El criterio de adjudicación puede ser “el precio más bajo” o “la oferta más ventajosa”. En el caso de que se opte por “la oferta más ventajosa”, las autoridades contratantes deben evaluarlas en base a criterios objetivos que permitan determinar la calidad y eficiencia económica de la oferta en relación con el objeto del contrato. Por ello, es importante que las especificaciones técnicas establezcan parámetros medibles que puedan ser tomados como referencia para evaluar las ofertas (art. 46 de la Directiva).

Mutuo reconocimiento

Las entidades contratantes deben reconocer explícitamente y aceptar productos que cumplan las especificaciones sociales, éticas y ambientales mostrando certificaciones equivalentes. Si en la descripción de las especificaciones técnicas, la autoridad contratante hace referencia a estándares predefinidos, deben admitirse también ofertas que no se hayan sometido al estándar pero que demuestren, por cualquier medio de prueba, que su oferta es “equivalente” a las ofertas cubiertas por el estándar (art. 29 de la Directiva).

El periodo de transposición de dichas directivas a los Estados miembros finalizó el pasado 31 de enero de 2006. El Estado Español ha completado el proceso de transposición con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007).